La FCC cierra el cerco a DJI: empresas fachada y evasión de prohibiciones federales
La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) ha dado un paso contundente en su política de restricción tecnológica contra China: identificó y sancionó a empresas que operaban como fachadas para comercializar productos de DJI, el gigante chino fabricante de drones, en territorio estadounidense, burlando las prohibiciones vigentes impuestas por razones de seguridad nacional. Entre las firmas señaladas aparecen nombres como Xtra, Skyrover y SGS Lab, entidades que, según la FCC, actuaban en representación encubierta de la marca china.
DJI fue incluida en la lista negra del Departamento de Defensa de EE.UU. hace varios años, bajo la acusación de que sus dispositivos podrían ser utilizados para recopilar datos sensibles y transmitirlos al gobierno chino. Sin embargo, a pesar de estas restricciones oficiales, sus productos continuaron ingresando al mercado norteamericano a través de terceros que ocultaban el origen real de los equipos. La FCC ha dejado claro que este tipo de evasión regulatoria no será tolerada, y que el uso de empresas intermediarias no exime a nadie de las obligaciones legales vinculadas a la seguridad nacional.
¿Por qué esto importa más allá de EE.UU.?
El caso tiene implicancias globales directas. DJI domina aproximadamente el 70% del mercado mundial de drones comerciales y de consumo, lo que incluye mercados latinoamericanos como el peruano. En el Perú, los drones DJI son ampliamente utilizados en sectores como la minería, la agricultura de precisión, el periodismo, la cinematografía, la topografía y la gestión de emergencias. Esta dependencia tecnológica en un contexto de creciente tensión geopolítica entre EE.UU. y China plantea preguntas que el país debería comenzar a responder con seriedad.
Si EE.UU. consolida sus restricciones y otros países aliados siguen su ejemplo —como ya lo ha hecho parcialmente la Unión Europea y el Reino Unido en entornos gubernamentales—, las empresas peruanas que dependen de esta tecnología podrían enfrentar problemas de abastecimiento, soporte técnico, actualizaciones de software y hasta restricciones en contratos con organismos internacionales que exijan cadenas de suministro libres de tecnología china sensible.
El riesgo real de los datos en drones
Una de las principales preocupaciones detrás de la prohibición es la naturaleza de los datos que capturan los drones: imágenes georreferenciadas de alta resolución, mapas topográficos, información de infraestructura crítica, movimiento de personas y vehículos, entre otros. En el Perú, donde los drones se utilizan para monitorear proyectos mineros, instalaciones energéticas, fronteras y cultivos ilícitos, la pregunta sobre a quién pertenecen esos datos y dónde se almacenan no es menor. La política de privacidad de DJI ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por investigadores de ciberseguridad independientes.
¿Qué alternativas existen?
El mercado de drones no chinos está creciendo, aunque aún a un costo mayor. Empresas como Skydio (EE.UU.), Parrot (Francia) o Autel Robotics (con fabricación fuera de China) están ganando terreno en licitaciones gubernamentales y contratos de defensa. Para el Perú, la diversificación tecnológica en este sector debería ser parte de una política pública de seguridad digital más amplia, especialmente para instituciones del Estado, fuerzas armadas y empresas estratégicas.
La acción de la FCC contra las empresas fachada de DJI es una señal clara: la geopolítica tecnológica ya no es solo un tema de grandes potencias. Es una realidad que llega a cada licitación, cada contrato de servicios aéreos no tripulados y cada decisión de compra de equipos. El Perú haría bien en prestar atención.
