La filtración que destapó la vigilancia aérea policial en San Francisco
Un conjunto de videos filtrados de la Policía de San Francisco (SFPD) ha puesto en el centro del debate global una pregunta que muchas ciudades del mundo prefieren no hacerse: ¿hasta qué punto es legítimo que las fuerzas del orden utilicen drones para vigilar a sus ciudadanos sin que estos lo sepan? Las imágenes, obtenidas a través de solicitudes de registros públicos y posteriormente difundidas, muestran operaciones de seguimiento aéreo en vecindarios, eventos públicos y situaciones cotidianas que van mucho más allá de lo que la mayoría de ciudadanos imaginaría como uso policial de esta tecnología.
Lo que hace especialmente relevante esta filtración no es solo el contenido de los videos, sino el contexto institucional que revelan. San Francisco es una de las ciudades más tecnológicamente avanzadas del mundo, con una ciudadanía históricamente activa en la defensa de libertades civiles. Y aun así, el uso de drones policiales creció de manera acelerada y con escasa supervisión pública, especialmente tras la pandemia de COVID-19, cuando muchos departamentos de policía expandieron sus capacidades de vigilancia bajo el argumento de la seguridad sanitaria.
El modelo de vigilancia aérea y sus implicancias legales
Los drones policiales modernos no son simples cámaras voladoras. Están equipados con tecnología de reconocimiento facial, sensores térmicos, capacidad de seguimiento de objetos en movimiento y, en algunos modelos avanzados, integración con bases de datos en tiempo real. Esto significa que un dron puede identificar a una persona en una multitud, rastrear sus movimientos durante horas y cruzar esa información con registros policiales, todo sin necesidad de una orden judicial en muchas jurisdicciones de Estados Unidos.
El marco legal que regula este tipo de vigilancia es fragmentado e inconsistente. Mientras algunas ciudades como Oakland han aprobado ordenanzas estrictas que exigen aprobación del concejo municipal antes de adquirir nueva tecnología de vigilancia, otras operan en zonas grises legales donde la policía puede desplegar drones con mínima rendición de cuentas. La filtración de San Francisco evidencia precisamente esta brecha: entre lo que la ley permite formalmente y lo que ocurre en la práctica operativa diaria.
¿Qué significa esto para Lima y las ciudades latinoamericanas?
El caso de San Francisco no es un problema exclusivamente norteamericano. Lima y otras ciudades latinoamericanas están adoptando tecnologías de vigilancia a una velocidad que supera ampliamente el desarrollo de marcos normativos que las regulen. La Municipalidad de Lima y el Ministerio del Interior han incorporado en los últimos años sistemas de cámaras inteligentes, reconocimiento de placas y, de manera creciente, el uso de drones tanto para control de tráfico como para operaciones de seguridad ciudadana.
El problema central es que en el Perú no existe una ley específica que regule el uso policial de drones con fines de vigilancia. La Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) establece principios generales sobre el tratamiento de datos, pero no contempla explícitamente los desafíos que plantea la vigilancia aérea automatizada. Esto deja a los ciudadanos peruanos en una posición de vulnerabilidad similar, o incluso mayor, a la de los habitantes de San Francisco cuya privacidad quedó expuesta.
Puntos clave del debate sobre drones y privacidad
Primero, la transparencia institucional es fundamental. Si una fuerza policial utiliza drones, los ciudadanos tienen derecho a saber cuándo, dónde y con qué propósito se despliegan esas aeronaves. La filtración en San Francisco fue necesaria precisamente porque esa información no estaba disponible de manera proactiva. Segundo, el consentimiento y la proporcionalidad deben ser principios rectores: vigilar una protesta pacífica con un dron equipado con reconocimiento facial es cualitativamente diferente a usar uno para buscar a una persona desaparecida. Tercero, los mecanismos de control deben incluir a la sociedad civil, no solo a las instituciones que utilizan la tecnología.
Para el Perú, la lección más urgente es legislativa: es necesario desarrollar un marco normativo claro antes de que la adopción tecnológica convierta la vigilancia aérea en un hecho consumado difícil de revertir. Las ciudades que actuaron tarde en regular el reconocimiento facial o las cámaras de seguridad hoy enfrentan enormes dificultades para desmantelar infraestructuras ya instaladas y normalizadas. Con los drones, el margen para actuar con anticipación aún existe, pero se estrecha cada año.
La filtración de San Francisco no es solo un escándalo local. Es una advertencia global sobre cómo la tecnología de vigilancia, cuando avanza más rápido que la democracia, termina redefiniendo la relación entre el Estado y el ciudadano de formas que nadie eligió conscientemente.
